La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por hechos de corrupción que tienen que ver con lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotesur.
Asimismo, fuentes judiciales informaron que el Tribunal ratificó el procesamiento y así dejó a la exmandataria a las puertas del juicio oral. En el dictamen, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia también confirmaron los embargos de 800 millones de pesos sobre cada uno de los sospechosos.
Según informaron los investigadores, el dinero que el empresario Lázaro Báez pagaba por el alquiler de plazas hoteleras era parte de retornos por ganar las licitaciones de obra pública durante el kirchnerismo. A las puertas del juicio por Hotesur también se encuentran Martín Báez; Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado; y Osvaldo Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de la familia.
De hecho, la acusación detalló la supuesta maniobra a través de la cual los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego administrarlos. Esta tarea se había cedido a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL. La hipótesis de la investigación apuntó que fue Báez quien les prestó dinero para comprar los hoteles y también pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre los explotara.
Estas acciones sirvieron como mecanismo para blanquear dinero proveniente del delito que se originó en la adjudicación de obra pública a favor del empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016.
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Cristina y sus hijos enfrentan un panorama complicado
Se estableció en la causa que fueron un total de 86 los millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
Por ende, la empresa Valle Mitre reportó: «Sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- abonó mensualmente en concepto de cánones locativos sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos».
De esta manera, Cristina de Kirchner enfrenta un panorama complejo en materia judicial para el 2019. En febrero se fijó para el 26 el comienzo del juicio oral y público por fraude en la obra pública. Igualmente, ese mismo año podría darse inicio al debate por el caso «Los Sauces».
