La Sala IV de la Cámara de Casación quedó completa después de la conformación de un nuevo juez y se dispone para determinar si Amado Boudou, exvicepresidente, volverá a prisión en la causa que se le sigue, Ciccone Calcográfica.
Asimismo, el nuevo miembro de Casación es Javier Carbajo, quien en la actualidad funge como secretario general de la Cámara de Casación. Este funcionario luego de concursar para el cargo, asumirá en la Sala IV. Tal nominación llegó después de la firma de en un decreto por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el cual se publicó en el Boletín Oficial.
De igual forma, una vez termine el acto de juramento, previsto para las próximas horas, Carbajo pasará a formar parte del Tribunal, junto con Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los tres tienen que definir la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual apeló tras el fallo del Tribunal Oral Federal 4 que otorgó la excarcelación al considerar que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
De hecho, cuando se realice la audiencia ya prevista para febrero, el Tribunal resolverá si lo vuelve a encarcelar o no. Además de la UFI, el pasado miércoles, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió que se revierta el fallo de la Justicia que dictaminó la excarcelación del exvicepresidente.
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Cámara de Casación recibió reclamos para dar prisión a Boudou
Desde la institución presentaron una serie de escritos para reclamar que Amado Boudou, José María Núñez Carmona, y Nicolás Ciccone vuelvan a cumplir con prisión preventiva. El organismo que lidera Laura Alonso evaluó que el tribunal «carecía de jurisdicción para pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de excarcelación del exfuncionario, que había sido anteriormente denegada por ese tribunal oral con distinta composición».
En ese orden de ideas, en el escrito aclaran que el tribunal no podía revisar la decisión sino que es una competencia que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la OA, la decisión del TOF 4 va en contra del debido proceso.
Esto se debe a que genera una «vulneración de los principios de preclusión y progresividad del proceso penal». Por ello, indicaron que no se presentaron «circunstancias fácticas novedosas» que ameritaran revisar el rechazo inicial de la excarcelación.
Igualmente, apuntaron a que esta medida se basa «exclusivamente en una mera posición subjetiva de una cuestión que se encuentra sometida a la jurisdicción del máximo Tribunal de la Nación«.
