El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, reflexionó que «está bien la idea» del protocolo que modifica el accionar de las fuerzas de seguridad. No obstante, remarcó que el mismo tendría que publicarse «en forma conjunta» con la aprobación del proyecto del nuevo Código Penal.
«Debe darse el debate. Está bien la idea. Debe aprobarse en forma conjunta con el Código Penal, que va a ser en mayo», señaló el también juez de Casación Penal en diálogo con Radio la Red. Posteriormente, el magistrado manifestó que «lo que se busca es priorizar la seguridad nacional de la población».
«Lo que está detrás de esto es una garantía constitucional», subrayó Borinsky. De igual forma apuntó: «El tema es cómo lo legislamos. Debajo de la Constitución viene el Código Penal, que es de 1921. Hay un (proyecto de) nuevo Código Penal que habla de que las fuerzas de seguridad policial en cumplimiento de un deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria no va a ser punible cuando actuando en este marco eventualmente cause lesiones o muerte».
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Constitución y Código Penal deben estar unidos según Mariano Borinsky
El funcionario añadió que «el punto es que necesitamos un sistema y no medidas coyunturales». En ese sentido, Mariano Borinsky destacó la necesidad de que haya una «lógica» entre «Constitución, Código Penal y protocolo».
Cabe recordar que la normativa establece, entre otras cosas, que los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrán hacer uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
Además, se permitirá el uso de armas por parte de las fuerzas federales de seguridad para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención o impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente.
Sin embargo, son muchos los organismos de Derechos Humanos que rechazan la iniciativa oficialista, mientras, desde el PRO la apoyan. «El protocolo no es muy diferente a lo que ya existe hace muchos años, que es la posibilidad de uso de arma de fuego en caso de que haya una situación de peligro inminente», explicó Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión de Legislación General
