Magistrados rechazaron plan para bajar la edad de impunidad

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La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) participó su rechazo a la iniciativa que pretende bajar la edad de imputabilidad. Afirmaron que el Gobierno no toma en cuenta la “vulneración” de los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes.

Asimismo, en un documento que se publicó, la agrupación cuestionó la iniciativa que impulsará el Gobierno de modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil y que pretende bajar a 15 años, la edad de imputabilidad de delitos. Los magistrados manifestaron que la medida es una respuesta “demagógica” a la “seguridad ciudadana”.

“La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”, expresaron.

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Reforma al sistema penal no contempla los derechos de los adolescentes

Los magistrados indicaron que el debate sobre una posible reforma en el sistema penal juvenil no puede darse sin contemplar la “vulneración” de los derechos económicos, sociales y culturales en un país donde “el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre”.

“No se advierte que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, con adultos de baja calificación laboral”, expresaron en el documento.

De igual forma, trascendió la intención por parte del Gobierno de avanzar en el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años, que podría tratarse en las próximas sesiones extraordinarias. A la agenda en materia de seguridad se le suma la compra de pistolas Taser y la posibilidad de deportar inmigrantes inmersos en actos delictivos.

“Hemos trabajado más de dos años en este régimen. Se han reunido experiencias de todo el mundo. Ha habido colaboración de ONGs, Ministerio de Justicia, de Seguridad y Desarrollo Social. Hemos llegado a un consenso que es la imputabilidad para delitos graves a los 15 años”, manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.