Ley busca frenar a Uber en Buenos Aires

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La Legislatura porteña convirtió en ley un proyecto que consolida las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal con multas de hasta 200.000 pesos y retiro de licencia. Con la medida se busca frenar el avance de Uber en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la aprobación en general se consiguió con 37 votos del bloque oficialista, del GEN y del bloque peronista, mientras que el kirchnerismo como el socialismo se abstuvieron y la izquierda votó en contra.

La discusión se extendió por más de dos horas y, si bien las condenas a los conductores de Uber fueron el centro de la discusión, la precarización laboral derivada del uso de aplicaciones informáticas, el estado del sistema de transporte público y la “criminalización de la protesta social” sobrevolaron el recinto.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García, una de las voces del oficialismo para defender el proyecto, señaló que si bien se conoce la necesidad de “llegar con la tecnología al transporte legal”, es preciso “legislar para los trabajadores”, en referencia a los taxistas.

Además, la diputada explicó: “Hablaron de la precarización laboral. Yo veo trabajadores que piden que legislemos para ellos. Están presentado un proyecto para modernizar el servicio de taxis, sabemos que tenemos que llegar con la tecnología al transporte legal”.

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Uber tendrá una multa equivalente a 10 mil unidades fijas

La norma que se sancionó sostiene que todo transporte de pasajeros que no tenga habilitación para esos fines, tendrá una multa equivalente a 10 mil unidades fijas (casi 200.000 pesos). Esto constituye una quinta de puntos en el scoring de la licencia de conducir y la capacidad de retener esa licencia de 7 a 30 días.

De esta forma, la administración de Horacio Rodríguez Larreta da un nuevo paso contra los conductores de Uber, después de las presiones de los taxistas para que la aplicación deje de operar en la Capital Federal.

La compañía, que ya funciona de manera lícita en la provincia de Mendoza y en varios países del mundo, continúa laborando en territorio porteño pese al vacío jurídico que hay en torno a su actividad.