Gobierno designó al nuevo presidente del Tribunal Fiscal de la Nación

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Mediante el decreto 174/2019, que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a un nuevo presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. La medida cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

De esta forma, desde el Gobierno se autorizó el nombramiento como presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, organismo que descentralizó actuante en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, al contador público Rubén Alberto Marchevsky por un período de ley.

Asimismo, conforme a lo que se estableció en el quinto artículo sin número agregado a continuación del artículo 146 de la ley 11.683, el presidente de este organismo descentralizado actuante en la órbita de la cartera de Nicolás Dujovne, durará en sus funciones por el término de tres años.

El mismo puede continuar en el ejercicio de dicho cargo hasta que se produzca su nueva designación, o la de otro de los vocales para su desempeño.

En ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda propusieron la designación de Rubén Alberto Marchevsky en dicho cargo, quien actualmente se desempeña como vocal de ese Tribunal.

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Anterior presidente del Tribunal Fiscal de la Nación se mostró crítico

Por el decreto 129/2019, el presidente Mauricio Macri y el ministro Nicolás Dujovne aceptaron, a partir del 15 de febrero de 2019, la renuncia que presentó el doctor Ricardo Xavier Basaldúa a los cargos en los que se desempeña en el Tribunal Fiscal de la Nación.

Cabe recordar que Basaldúa era el presidente del Tribunal desde 2016. En los últimos tiempos se mostró crítico a la normativa que reforma el funcionamiento del mismo. Así, durante el mes de febrero pasado oficializaban su dimisión al cargo.

Para finalizar, en el año 1959, durante el Gobierno del doctor Arturo Frondizi, se creó mediante la ley 15.265 el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo jurisdiccional independiente, que actúa en forma imparcial entre un sector de la administración pública nacional (AFIP, DGI y DGA) y los contribuyentes.