El ministro de Justicia, Germán Garavano, al abrir la participación a la ciudadanía del anteproyecto del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil aseguró: «Es necesario porque hace 30 años tenemos un decreto de la dictadura». Al mismo tiempo resaltó la necesidad de esta medida que plantea bajar la edad de imputabilidad, destacó que esa antigua norma no prevé «una gama de respuestas en clave de inserción social, y dando como primera respuesta la cárcel».
De hecho, el proyecto de baja en la edad de imputabilidad inauguró un nuevo capítulo al ser abierto para la ciudadanía. Por ello, Garavano emitió una misiva donde explicó: «El Anteproyecto de ley que crea un sistema de responsabilidad penal juvenil es necesario porque hace 30 años tenemos un decreto de la dictadura que permite que los jueces juzguen a los menores de edad como si fueran adultos, sin prever una gama de respuestas en clave de inserción social, y dando como primer respuesta la cárcel».
Asimismo, el ministro resaltó que «el proyecto lo que hace es prohibir la prisión perpetua para adolescentes, exigir que la cárcel sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y obligar a todas las provincias a que equipos interdisciplinarios sean los que guíen al juez en un plan que le proponga una función constructiva en la sociedad a los chicos que infringen la ley penal».
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«Proyecto de imputabilidad es moderado», reiteró Germán Garavano
«Además, es tan moderno que establece acuerdos restaurativos y mediación, para empoderar a las víctimas, y darles voz para que puedan reparar sus daños mediante acuerdos producto del diálogo, en los que también estén presentes representantes de la comunidad», explicó el ministro de Justicia nacional.
Mientras, en lo que se refiere a la iniciativa, según afirman en la página de Justicia 2020, es «resultado de más de tres años de trabajo que involucraron -a partir de la activa participación en Justicia 2020- a más de 3000 participantes entre expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil. Una comisión redactora (de la que participó, entre otros, Unicef) preparó las bases del anteproyecto consensuado».
«El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación propone la creación de un Régimen Penal Juvenil que permite un abordaje específico para los casos en que los delitos sean cometidos por adolescentes», explicaron desde la cartera que lidera Garavano. Además añaden: «El anteproyecto hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente, e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a cometer delitos».
Finalmente, el proyecto tiene cuatro ejes fundamentales: contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.
