Los hechos registrados el pasado lunes en la Plaza del Congreso, durante la aprobación de la Ley de Jubilaciones, ha llamado la atención de especialistas del derecho, que sostienen que el mismo debe ser investigado como un «Alzamiento de Armas».
Es importante señalar que las acciones emprendidas por los manifestantes, constituyen un grave delito que es penado con hasta 15 años de prisión, por atentar contra el normal funcionamiento del Congreso.
Se pudo conocer que el abogado Alejandro Freeland, formuló una denuncia ante los tribunales federales, sobre los hechos ocurridos en la Avenida Comodoro Py, la misma fue remitida al juzgado a cargo de Daniel Rafecas y de allí al fiscal Guillermo Marijuán, quien será el encargado de darle curso o desestimarla y archivarla.
El abogado solicita la apertura de la investigación, debido al ataque de los manifestantes en la Plaza de los dos Congresos contra los efectivos de la seguridad, quienes estaban apostados a las afueras del Parlamento, para garantizar el normal desenvolvimiento de la sesión.
Vale recordar, que el lunes se dio un amplio despliegue, en el que intervinieron diversos cuerpos de seguridad y prevención, a fin de velar porque la sesión de la Cámara de Diputados, pudiese tratar la reforma previsional, que tras 17 horas de discusión, finalmente fue aprobada ese día.
Por tanto, Freeland solicitó a la Justicia que encuadre el caso en una rebelión o un alzamiento en armas, según lo expresado en un artículo del Código Penal.
El artículo 226 prevé penas no excarcelables y de hasta quince años de prisión, que destaca los «delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional» y el capítulo que describe los «atentados al orden constitucional y a la vida democrática», contempla penas de cinco a quince años, para «los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales».
