Daniel Arroyo lanzó el programa “Aunar” junto a UNICEF

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El Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Daniel Arroyo, lanzó el programa “Aunar”. La iniciativa se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF.

En ese sentido, el objetivo es fortalecer las instituciones donde viven los menores de edad sin cuidados parentales o en infracción con la ley penal en todo el país. Serán más de 10.000 los beneficiados con la iniciativa.

Asimismo, el nuevo programa permitirá a los dispositivos institucionales recibir un apoyo económico del Estado frente a las acciones de prevención por la pandemia, que se depositará mediante transferencia directa.

Trascendió que la finalidad es que puedan acceder a elementos de insumo de cuidado personal, desinfección e higiene y a recursos de recreación. Así se garantizan los derechos de la salud y el juego en niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, el proyecto alcanzará a más de 10.000 menores de edad que viven en instituciones provinciales, municipales y organizaciones sociales de todo el país, según detallaron en la página web del Gobierno nacional.

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Daniel Arroyo aseveró que el objetivo del proyecto es apoyar a los niños en situación vulnerable

El jefe de la cartera de Desarrollo Social señaló que el objetivo es apoyar a los niños que actualmente atraviesan una situación complicada frente a la pandemia. Además, destacó el trabajo en conjunto a UNICEF.

A su vez, la representante de UNICEF, Luisa Brumana, resaltó que la iniciativa busca llegar de forma ágil y operativa a quienes se encuentran en este contexto de emergencia con recursos que permitan proteger la salud y brindar bienestar.

Es un punto de partida para desarrollar en el mediano plazo otras acciones que apunten a una transformación más estructural”.De acuerdo con datos oficiales, más de 9.000 niñas, niños y adolescentes viven en residencias, hogares y otras instituciones de cuidado alternativo en Argentina.

La mayoría se separó de sus familias de manera excepcional mientras se restituyen derechos vulnerados. En tanto, alrededor de 1.000 se encuentran alojados en establecimientos por decisión de jueces con competencia penal.