El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, envió al Congreso una copia del material confidencial que le confiscaron al falso abogado Marcelo D’Alessio. Este poseía material secreto sobre periodistas y políticos.
El caso comenzó después de que un empresario agropecuario realizara una denuncia contra D’Alessio alegando que lo extorsionó para beneficiarlo en la causa de los cuadernos de las coimas.
En ese marco, luego de que dictara la prisión preventiva contra el presunto extorsionador, el magistrado remitió una serie de carpetas hacia la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, entre las que se encuentran figuras mediáticas muy reconocidas del ambiente del espectáculo.
“Citados como testigos para mañana Alejandro Fantino y Romina Manguel en la causa de Dolores. ¡Lindo quilombo todo esto!”, escribió el periodista Raúl Kollman en su cuenta de Twitter, donde continuamente brinda actualización del caso.
El juez Padilla también halló investigaciones sobre Natacha Jaitt, quien falleció hace algunos días en circunstancias aún desconocidas.
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Juez Ramos Padilla envió un escrito donde explica hallazgos de la investigación
El escrito del juez refiere que existen «operaciones de narcotráfico y terrorismo, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la ‘mafia de los contenedores’, el ‘doble crimen de Unicenter’, el ‘triple crimen de General Rodríguez’, entre otros”.
A su vez, se encontraron «legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras –Operación Jaitt, operación Traficante, operación Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público».
“Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye –tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado- que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal político y judicial se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina”, explicó en el escrito Alejo Ramos.
